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El pasado martes 3 de octubre se dio a conocer la decisión del Juzgado Cuarto Municipal de Pequeñas Causas Laborales la cual ordena a la Alcaldía de la ciudad de Cartagena suspender de manera inmediata el Decreto 1239 del día 14 de septiembre de 2023, que establecía que las Playas de Barú estarían cerradas durante dos días cada mes.
“La medida si bien tiene como fundamento la protección ambiental, compromete los derechos de la comunidad afrodescendiente que reside y trabaja del turismo, de la explotación de los recursos naturales de esas playas, y se ve directamente afectada en sus dinámicas sociales, culturales, económicas, laborales y ancestrales al restringírseles su uso”, se lee en este fallo.
Inicialmente esta medida se había establecido por motivos de cuidado y preservación del espacio y del medio ambiente sin embargo, se conoció que en este decreto no se contaba con la participación de los consejos comunitarios de Barú, Ararca, Santa Ana ni Playa Blanca a pesar de que estos se ven directamente afectados por el cierre de dichas lugares ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de los pobladores y trabajadores del sector.
Sumado a esto, múltiples lugares no solo en estas playas, sino en la región Caribe han reportado una disminución significativa de turistas durante la pasada temporada de de vacaciones de mitad de año, lo que afectó a decenas de negocios y trabajadores económicamente.
Los primeros días en los que se hizo efectivo este cierre fueron el pasado 19 y 20 de septiembre, lo que generó que protestas y descontento por parte de los pobladores y comerciantes afectados.
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