Con el fin de combatir los hechos de corrupción que se llevan cabo en torno a la administración del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Cartagena se dispondrá de una comisión especial para el seguimiento del último contrato.
Luego que el pasado 11 de septiembre se diera inicio al contrato para la operación del PAE en Cartagena, la Contraloría General de la Nación realiza visitas a la Alcaldía de Cartagena como seguimiento del programa, además de conformar una Comisión Especial.
La comisión esta conformada por por los mismos profesionales que en su momento evidenciaron las irregularidades durante pasadas administraciones (incluyendo el caso de las pechugas compradas en $40.000), hechos por los que la Contraloría adelanta actualmente 5 procesos de responsabilidad fiscal en cuantía total de $3.878 millones de pesos.
“Se trata de un Control Fiscal Participativo que pretende llevar de manera articulada, a través de mesas de trabajo, el seguimiento a la ejecución del PAE y sus recursos, en el marco de las funciones y competencias de la Alcaldía Distrital de Cartagena, su Secretaría de Educación y la propia Contraloría General de la República” expresó el ente de control por medio de comunicado.
El contrato fue adjudicado a través de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A. – B.M.C., por una cuantía de $18.491 millones, y su ejecución se encuentra prevista hasta el próximo 30 de noviembre de 2018, es decir, contará con 47 días de ejecución durante la presente vigencia.
El seguimiento que fue ordenado por el Contralor Carlos Felipe Córdoba Larrarte realizó un cronograma inicial de visitas inició el miércoles 26 de septiembre y se cerró el viernes 28. Continuará el próximo mes de octubre (los días 4 y 5) y culminará el 1º y 2 de noviembre.
Respaldo Legal
Estas medidas son tomadas bajo la autorización de la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos, especialmente en la Sentencia T-475 de 2016, donde el alto tribunal efectuó un llamado al compromiso especial de parte de los entes de control.
Dedicando sus esfuerzos de forma prioritaria a la vigilancia de contratos y convenios del PAE y evitar así que sus recursos se desperdicien o desvíen, permitiendo al ente adoptar los mecanismos necesarios para darle trámite prioritario a las investigaciones abiertas y en curso, e incluso a cruzar información para obtener la información más completa posible, que permita tomar todas las medidas del caso.
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