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La madrugada del pasado jueves 30 de marzo, las comunidades indígenas protestantes por la protección especial de sus derechos, entre lo que concierne la alimentación, salud, agua y protección especial de los derechos indígenas Wayuu, de los municipios de Ríohacha, Manaure, Uribia y Maicao del Departamento de La Guajira.
Foto: Cortesía
Al ser un departamento donde las necesidades en las comunidades abundan, sus habitantes se vieron en la obligación de levantar dicha manifestación ya que se encontraban incomunicados y con grandes dificultades de abastecimiento.
Por lo que, han tenido que obligatoriamente despejar las vías, no obstante, declararse en asamblea permanente hasta que no haya pronunciamiento de los ministros y/o entidades competentes en la equidad de los recursos destinados para dichas comunidades.
No solo es por la Guajira, sino, por todos los hermanos indígenas colombianos, que muchos se encuentran en extrema pobreza y otros por su parte, gracias a las ayudas, y oportunidades tienen un buen estilo de vida.
"Los Wayuu habían bloqueado siete vías importantes que comunican a la Guajira, con otras regiones del país. Por esto, al no estar informados comenzamos a tener desabastecimiento. Por lo que, tuvieron que levantar el parp, acogiendo una asamblea permanente hasta que al departamento haga presencia el Gobierno", precisó Valery González, afectada por el paro, ya que se había quedado incomunicada en una de las vías mientras viajaba.
La voz se alza por aquellos que no tienen, por los olvidados, ya que los recursos siempre se destinan a los mismos, "Ellos protestan para que haya equidad, ya que si algunos están bien económicamente y reciben ayudas, mientras aquellos que tienen mejores condiciones reciben ayudas, y muertes por desnutrición y hambruna cada vez cobran más vidas en las comunidades", destacó Yuleimis De la Hoz, docente de un CDI, en la Guajira.
Se espera, que las próximas horas haya un pronunciamiento claro, y las autoridades visiten el departamento para llegar a acuerdos que permitan el cumplimiento de la sentencia T302 del 2017.
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