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Fernando Carillo Flórez, Procurador General de la Nación - Imagen tomada de procuraduria.gov.co
Por: Eliana Almarales
El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, anunció que debido a las múltiples irregularidades que se han presentado en cuanto al uso de recursos que el Gobierno ha puesto a disposición para hacer frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, se abrieron 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos.
“Es inaudito y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, expresó Carrillo Flórez. "Están utilizando estos recursos para los más vulnerables, los pobres y los menos favorecidos para hacer política en las regiones. Los señores diputados y concejales no tienen nada que hacer en la entrega de estas ayudas”, agregó.
La Contraloría General de la República reportó que hasta el momento hay 5.198 contratos destinados a atender la crisis sanitaria, que presentan ausencia de estudios previos y de mercado, situaciones de sobrecostos en compra de kits de alimentos y elementos médicos y ambigüedades precontractuales y contractuales, es decir que hay inconsistencias entre la oferta económica y el valor del contrato, generando de esta manera valores erróneos.
En vista de estas situaciones la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación a través del programa 'Transparencia por la emergencia', estarán vigilando con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos dirigidos a hacer frente a la emergencia que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, fueron firmados desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones, que sumados a los de la Contraloría corresponden a recursos del orden de $80 mil millones de pesos.
Departamentos investigados
Meta: se investiga la contratación de los municipios de Acacias por $1.125 millones y Puerto Gaitán, por $1.000 millones.
Atlántico: se investiga el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investiga las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones.
Cesar: se investigan presuntos sobrecostos de más del 50% en 29 contratos, que no están publicados en el SECOP, por más de $13.000 millones para la compra de 100 mil mercados, que comparados por un veedor ciudadano en grandes superficies habrían costado 50% menos de lo que le están cobrando a la gobernación.
Arauca: se investiga el valor pagado por productos de la canasta familiar, como atún a $19 mil pesos o bolsas de leche a $13 mil, en un contrato por $4.463.739.189 con Multiservicios Mael S.A.S. ZOMAC.
Cúcuta: contrato de edición de una obra digital, por $58 millones de pesos, con la historia del Hospital Erasmo Meoz, “cuando lo que se requiere son los recursos de la salud para ver de qué manera podemos enfrentar esta pandemia”.
Cundinamarca: se abrieron procesos por las denuncias ciudadanas y de los medios de comunicación sobre presuntos sobrecostos en la compra de mercados por parte de las administraciones de La Palma y Guaduas
San Andrés: se investiga un contrato por $500 millones con la firma Noel Foto S.A.S., para “la prestación de servicios publicitarios de diagramación, diseño e impresión, grabación y rotación de piezas publicitarias para el desarrollo de la campaña de prevención y mitigación de efectos del virus covid-19, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria en el país”.
La Procuraduría señaló que los hallazgos penales que sean encontrados de la mano de la Contraloría, serán trasladados a la Fiscalía para que se tomen las acciones pertinentes en cada caso y aseguró que se harán las suspensiones de los contratos y funcionarios que se hayan visto involucrados.
*Con información de prensa de PGN/CGR
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