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La MOE recomendó a las autoridades y organizaciones políticas realizar un balance sobre la inscripción de candidaturas para determinar los hechos y lugares donde se les impidió inscribirse.
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La Misión de Observación Electoral -MOE presentó el Quinto Informe de Observación pre electoral al proceso de elección de autoridades locales 2023.
Uno de los puntos abordados en esta Comisión, fue el resultado de la etapa de inscripción de candidaturas. De acuerdo con la información socializada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en total se inscribieron 132.553 personas a nivel nacional. Entre el 29 de junio y el 27 de julio se inscribieron 50.985 candidaturas, y entre el 28 y 29 de julio, día del cierre de inscripciones, se registraron 81.563, correspondiente a un 62% del preliminar de inscritos.
Frente a estos datos la MOE hizo referencia a dos preocupaciones: 1) A la MOE le preocupa que más de la mitad de los candidatos hayan sido inscritos el fin de semana de cierre de inscripciones, lo que denota una falta de planeación y que no existen criterios estrictos de selección de candidaturas por parte de los partidos políticos y 2) la posible inscripción de personas inhabilitadas, en la medida en que no necesariamente fueron objeto de consulta a través de la Ventanilla Única Electoral Permanente para determinar si registran procesos sancionatorios e investigaciones, lo que podría generar cuestionamientos sobre su idoneidad.
Asimismo, ante los recientes escándalos relacionados con el presunto ingreso de recursos ilegales en campaña y violaciones de topes, la MOE hizo referencia a las debilidades del sistema actual de control a la financiación de las campañas políticas. “Para este proceso electoral no podemos continuar replicando el deficiente seguimiento a los recursos que se ha visto en procesos electorales anteriores, y que también se reflejó en la falta de información oportuna sobre los ingresos y gastos con los que se financiaron los grupos significativos de ciudadanos -GSC durante la etapa de recolección de firmas”, aseguró Alejandra Barrios, directora de la MOE.
Sobre estos grupos significativos de ciudadanos, a la MOE le preocupa que 340 de los 618 (55%) que presentaron firmas se terminaron inscribiendo en coalición con partidos políticos, lo que tergiversa el propósito de los GSC y queda en manifiesto que estas personas pudieron utilizar esta figura para visibilizar sus candidaturas, con lo que se pudo generar un desequilibrio en el proceso electoral.
Con relación al tema de la violencia política, en su informe la MOE presentó un balance en materia de seguridad en el que se evidencia que de las 231 agresiones registradas contra liderazgos políticos (información con corte a 29 de julio de 2023), 41 (el 17,8%) han estado dirigidas a precandidatos y candidatos a las elecciones locales. Destacando que 12 de los 41 hechos identificados corresponden a atentados y asesinatos. En esta Comisión, la MOE recomendó a las autoridades y organizaciones políticas realizar un balance sobre la inscripción de candidaturas para determinar los hechos y lugares donde se les impidió inscribirse.
En materia de grupos armados, el avance en las negociaciones con el inicio del cese al fuego con el ELN es una oportunidad para aliviar la situación de violencia en 177 municipios del país en los cuales hace presencia, de manera particular, en los 17 municipios en donde este grupo es el único actor armado.
Por otra parte, si las negociaciones con el Estado Mayor Central – EMC de las disidencias avanzan hacia un cese al fuego, se beneficiarían otros 36 municipios en donde únicamente hace presencia este grupo armado, y potencialmente otros 35 municipios en donde coinciden el ELN y el EMC.
El cese al fuego debe servir para garantizar el libre tránsito y proselitismo electoral de todas las personas candidatas en estos territorios, y ante cualquier vulneración de los derechos políticos, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación debe actuar rápidamente para solucionarlo. Esto requiere de una definición pronta del mecanismo para reportar presuntas afectaciones a los derechos políticos por parte de las distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil.
Finalmente, la MOE resaltó la necesidad de que la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC avance en el diseño y socialización del Plan de Auditorías que será aplicado para todos los sistemas tecnológicos en estas elecciones territoriales. Adicionalmente, la MOE alertó que a tres meses de las elecciones, aún se desconoce si las organizaciones políticas, misiones de observación electoral nacionales e internacionales y demás actores interesados, podrán realizar auditorías técnicas e independientes. Ambas solicitudes han sido reiteradas por esta organización en las diferentes Comisiones de Seguimiento Electoral.
Según Alejandra Barrios, “para esta oportunidad se identificó un retroceso en relación con el tiempo en el que será contratada esta auditoría externa en comparación con la de las elecciones de Congreso y Presidencia de 2022. En esa ocasión la contratación se adjudicó cuatro meses antes de esos comicios, y para estas elecciones se contará con dos meses y medio para el desarrollo de la auditoría. Esta adjudicación tardía del contrato de auditoría puede profundizar las restricciones en el acceso a la información, debido que se corre el riesgo de no contar con el tiempo suficiente para que se socialicen los resultados, hallazgos de estas auditorías y las mejoras implementadas”. *Con información de MOE
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