Tras el cierre de las operaciones de Transmetro, en Barranquilla y parte de su Área Metropolitana, la administración Distrital se pronunció puntualizando que la solución está en unir todo el sistema de transporte de la ciudad, esto, al indicar que “del bolsillo de los barranquilleros no es viable sostener Transmetro”.
“Esta crisis no la podemos solventar poniendo plata de los barranquilleros todos los meses a través de impuestos para pagar un sistema que es menos del 20% del sistema general del transporte de Barranquilla”, explicó el alcalde.
Y es que, las dificultades en la sostenibilidad financiera del Transmetro son abordadas con medidas a corto plazo y una solución definitiva a largo plazo, aseveró el alcalde Jaime Pumarejo Heins, al realizar un análisis de la situación actual de los operadores Sistur y Metrocaribe.
“El Distrito les ha entregado a los operadores más de 37.000 millones de pesos, a lo que se sumarán 3.000 millones de pesos próximamente”, comunicó la administración.
Lo que también se verá reflejado cuando se reactive el 100% del aforo en el transporte público, pues comenzará a recaudarse nuevamente el Fondo de Estabilización Financiera (FET), “con el cual el transporte tradicional le transfiere recursos al Transmetro. Esto permitirá que el sistema comience a nivelarse”, agregó el alcalde.
Así mismo, propone la integración total del sistema de transporte en la ciudad.
“Eso va a costar, aproximadamente, 1.5 billones de pesos. Porque con el Gobierno nacional, que va a cofinanciarlo, vamos a comprar todos los buses nuevos, amigables con el medio ambiente, eficientes. Esos buses serán comprados por el Distrito y el gobierno y se les entregan a unos operadores. El sistema deja de ser deficitario, porque el capital que se requiere para comprar el bus ya no lo pone el concesionario que tiene recuperar esa inversión, sino que lo pone el Estado. Y dentro de la tarifa queda operación, mantenimiento y un pequeño fondo de reposición”.
Pumarejo explicó que Transmetro es una sociedad de la cual el Distrito no tiene obligación legal de mantener ni de salvar en caso de quiebra. Asimismo, recalcó que el 40% de los usuarios pertenece a Barranquilla y el resto a municipios del área metropolitana.
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