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La presidente de Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T302 de 2017 se mostró preocupada ante la decisión que tomó la Corte Constitucional de declarar inexequible el Decreto de emergecia en La Guajira.
Fotografía: Twitter Nación Wayúu
El pasado lunes 2 de octubre se conoció que la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto 1085 de 2023, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira.
La declaratoria de emergencia económica y social del Gobierno nacional el pasado julio buscaba mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Guajira con la posibilidad de llevar comida, salud, agua, elementos de aseo, entre otras necesidades básicas para las poblaciones más vulnerables de este departamento del Caribe.
En conversación con RegioCaribe.org, Ruth Chaparro, presidente de Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T302 de 2017, lamentó esta decisión de la Corte y pidió al Gobierno de Gustavo Petro seguir implementando la sentencia T302.
¿Cómo reciben esta decisión de la Corte Constitucional?
La decisión de la Corte es bastante contradictoria porque, por un lado, lo declaran inexequible y por otro lado afirma que tienen plazo de un año, así que no queda nada claro, lo que sí tenemos absolutamente claro es que la crisis humanitaria en La Guajira es profundamente estructural y no tiene plazos.
Ejecutar la sentencia T302
El Gobierno tiene unas herramientas importantes como la sentencia T302 desde el 2017, que debían haberla ejecutado el Gobierno nacional y los gobiernos locales y como no lo han hecho, tienen todavía esa sentencia para que trabajen. Sin embargo, la Corte responsabiliza nuevamente al gobierno nacional y al Congreso de la República, pero durante cuatro periodos presidenciales ni los gobiernos nacionales ni el Congreso de la República han sido capaces de tomar las medidas estructurales para detener la muerte de los niños wayúu por hambre. Es bastante confusa la decisión de la corte.
¿Qué lineamientos deben tomarse en adelante?
Sin duda, el gobierno debe avanzar en la implementación de las órdenes de la sentencia y todos los reglamentos, pero se requieren medidas extraordinarias que, según dicen deben pasar a través del congreso, pero ya está probado que La Guajira no es ninguna prioridad para el Congreso de la República, no lo ha sido hasta ahora y hay quienes celebran que la Corte haya declarado inexequible decreto, así que nosotros no tenemos muchas esperanzas en el Congreso de la República por su histórico y su indiferencia absoluta por el clamor de los niños indefensos como los Wayúu.
Un llamado al Gobierno nacional
Deben seguir implementando la sentencia T302 como debían haberlo hecho los gobiernos anteriores, pero tiene que darle celeridad, es decir, igual tienen herramientas jurídicas suficientes para tomar las medidas estructurales y para hacer los cambios que necesita. Tienen que seguir adelante de manera oportuna y nosotros seguiremos de la mano con la CDH para revisar la capacidad del Estado para resolver y garantizar los derechos de los niños al agua, a la alimentación y a la salud porque son derechos fundamentales y elementales, lo que está de por medio es la superación del estado y la garantía de los derechos fundamentales de los más indefensos en el país, así que seguiremos trabajando, seguiremos dialogando con la Corte, seguiremos avanzando desde la sociedad civil hasta que en realidad logremos la superación del Estado.
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