Demolición del Aquarela: en proceso de solicitud de hoja de ruta

La Alcaldía de Cartagena solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, hoja de ruta a seguir para la demolición de Aquarela que permita establecer las fases a seguir para la restitución del espacio público.

El alcalde, William Dau Chamat, comunicó que hizo esta solicitud teniendo como premisa minimizar el riesgo para los vecinos y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe, agregando que que el pasado martes 20 de octubre tuvo un diálogo sobre el tema con la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, la subdirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la dirección de la Agencia Nacional de la Defensa Judicial.

Alcalde de Cartagena, William Dau Chamat.

Según comunicó el ente administrativo, el costo de la demolición de este edificio puede oscilar entre $2 mil y $3 mil millones, que serán aportados, en su mayoría, por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de Cultura, y la Administración Distrital.

En el marco del convenio suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), la Administración local recibió el concepto jurídico sobre el caso Aquarela.

Entre sus recomendaciones, la ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo,

como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción.

Precisó la Alcaldía de Cartagena.

Afirmando que la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.  Además, se indica que técnicamente las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, igualmente, jurídicamente, la demolición parcial es inviable.