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Mediante un comunicado, la Contraloría indicó que el daño patrimonial por la “gestión antieconómica” en el proyecto de construcción en la Represa del Río Ranchería sería equivalente a $637.000 millones. Determinó que este ha tenido más de $470 mil millones de mayores costos con respecto a los inicialmente previstos.
Cortesía.
La Contraloría considera que ha faltado una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables para concretar la Fase II del Proyecto, situación por la que determina un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria
Para la máxima autoridad del Sistema Nacional de Control, el objetivo y fines del Proyecto Ranchería no se han materializado y este presenta un incumplimiento, que a pesar de la existencia de la obra realizada subsiste en el tiempo desde su finalización, por cuanto no están dadas las condiciones para su pleno funcionamiento.
La suma en que se cuantificó este hallazgo fiscal equivale al valor de construcción de la Presa “El Cercado”, correspondiente a la Fase I del proyecto, que incluye también las líneas de conducción principal de los distritos de riego Ranchería y San Juan (aún sin construir).
Si bien se evidenció que las obras contratadas fueron ejecutadas (con ostensibles retrasos y costos muy superiores a los previstos inicialmente), la Contraloría consideró que aún con la terminación de las mismas, no se logró el objetivo trazado inicialmente.
Además, la CGR manifestó su preocupación ante el hecho de que no se evidencian gestiones efectivas para la consecución de recursos que garantice la terminación del proyecto; situación que afecta no solo la política agropecuaria, sino la calidad de vida de la población beneficiaria.
Más de $470 mil millones de mayores costos
El costo total ejecutado en la realización de los diseños detallados del Proyecto Ranchería, la construcción de la presa El Cercado y las conducciones principales a las áreas de Ranchería y San Juan del Cesar, incluida la interventoría, fue de $637.369.4 millones de pesos. Dicho valor significa un aumento en $470.803 millones de pesos respecto al inicialmente establecido en los contratos de obra e interventoría.
Para la Contraloría, se evidencia falta de una efectiva y oportuna gestión por parte de las entidades responsables de la ejecución del proyecto, con el fin de garantizar su financiación y continuidad.
No avanza cobertura de agua potable para la comunidad Wayúu
Otro de los hallazgos disciplinarios es que no avanza la cobertura de agua potable para la comunidad Wayúu y se están incumpliendo medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos- CIDH para encontrar soluciones a los problemas de desnutrición, mal estado de salud y falta de acceso al agua potable y salubre de esta población vulnerable.
Si bien la Contraloría General de la República reconoció las acciones que se han intentado con este propósito, hizo un llamado de atención a la Cancillería para que efectué un seguimiento a las medidas ordenadas, lo que debe implicar un esfuerzo por monitorear a las diferentes entidades estatales involucradas en esta materia, convocando y coordinando las reuniones que sean del caso.
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